La revolución de la Red

Las últimas 48 horas han sido bastante intensas para todos aquellos que vemos en Internet una herramienta fundamental en nuestra labor diaria, ya sea como fuente de información, como medio para difundir nuestras creaciones –ya sean musicales, audiovisuales o literarias– o, simplemente, como una forma cómoda y sencilla de entretenimiento.

Desde que trascendió que el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) elaborado por el Gobierno abre la puerta al cierre de páginas webs por la vía administrativa, la comunidad internáutica española vive en un estado de revolución que, a esta hora de la noche, parece haber empezado a dar sus frutos.

El detonante de esta revolución virtual está en la Disposición Final Primera del Anteproyecto de LES, que establece, entre otras cosas, la modificación del artículo 8.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, para incluir «la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual» entre los motivos que permiten «al órgano competente» interrumpir la prestación de servicios o retirar los datos que los vulneran, incluyéndose un nuevo apartado –el 8.2– que obliga a los operadores a facilitar la identificación de los titulares de las páginas que incurran en estos supuestos.

Otra modificación en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual crea ese «órgano competente», la Comisión de Propiedad Intelectual, cuya Sección Segunda deberá velar, «en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información». El Gobierno se lo guisa –al gusto de la Coalición de Creadores– y los ciudadanos se lo comen.

Porque, en pocas palabras, se aprovecha una ley destinada a definir el marco en el que debe desarrollarse la actividad económica del país para satisfacer las demandas de un poderoso grupo de presión y recortar algunos de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Sin embargo, nadie se esperaba la virulenta reacción que esta propuesta iba a desatar.

En apenas unas horas, un grupo de periodistas, blogueros y usuarios de Internet consiguieron consensuar a través de Google Wave (parece que sí sirve para algo) un manifiesto de diez puntos en el que reclamaban una Internet libre de injerencias políticas, a la vez que se pedía la máxima difusión y adhesiones al mismo, a través de un grupo creado a tal efecto en Facebook (que si ayer por la tarde contaba con más de 6.000 miembros, en estos momentos está a punto de alcanzar los 77.000 y sigue subiendo).

Numerosos blogs y medios digitales comenzaron a reproducir el manifiesto, mostrando su desacuerdo con la introducción de esta medida –en mi caso particular, la crítica se refiere sólo a este punto y no al conjunto de la Ley, porque no he analizado todo el proyecto– y Twitter se llenó de mensajes en contra de la misma. Tan fuerte fue la reacción, que la Ministra de Cultura se vio obligada a convocar de urgencia a varios «representantes y expertos de Internet» a una reunión en la que explicarles las bondades de esta medida.

El resultado de este encuentro no fue el deseado por González-Sinde sino, más bien, el contrario; tras el mismo, las críticas arreciaron.

Ayer, desde bitácoras.com, Chiara me pedía mi opinión sobre el nuevo marco que plantea el anteproyecto de la LES y la iniciativa del manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”. En gran medida, mi opinión –publicada junto a la de otros 19 bloggers– puede resumirse en que nos encontramos ante un Gobierno que cede a las presiones de un grupo muy poderoso y el manifiesto se presenta como una respuesta lógica a ese ataque.

Desde hace bastante tiempo, el llamado lobby cultural tacha de piratas a quienes practican el intercambio de archivos y pretende que se cercenen sus derechos para evitar que desarrollen esa actividad. Sin embargo, la legislación española establece que esa conducta no es digna de reproche mientras no exista ánimo de lucro. Como los jueces no ceden a sus presiones y aplican la Ley, pretenden que un órgano administrativo, creado a la medida de sus pretensiones, sea el que proteja sus intereses.

Con la actual redacción de la Disposición Final, un Gobierno democrático se salta derechos fundamentales de los ciudadanos tan elementales como la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la libertad de difusión de información o la presunción de inocencia, al pretender instaurar una regulación de dudoso encaje constitucional que los criminaliza, cediendo a las presiones del lobby de los artistas.

El manifiesto nace como la reacción natural a esta agresión a la Constitución, al recorte efectivo de libertades que supone una propuesta legislativa con una redacción ambigua y que, por tanto, genera inseguridad jurídica.

Se puede estar más o menos de acuerdo con la redacción del manifiesto –de hecho, no estoy del todo de acuerdo con algunos de sus puntos– o con cómo se gestó, pero es innegable que ha logrado concitar a su alrededor un movimiento capaz de contrarrestar la presión ejercida por los artistas y las productoras.

No es exagerado afirmar que ha cumplido el objetivo de hacer saber al Gobierno que en Internet no hay vuelta atrás; que si alguien debe tomar decisiones sobre lo que allí se haga tiene que ser un juez y no un presunto experto designado en función de consideraciones políticas y que, por supuesto, la red está dispuesta a luchar para que esto siga siendo así. Y, sobre todo, le ha recordado que sus votos han contribuido a que esté en el poder y que, del mismo modo, pueden desalojarlo de él.

Por eso, a lo largo de la tarde, se conoció el malestar del PSOE con Cultura por este patinazo y Rodríguez Zapatero se vio obligado a comparecer para, sin mojarse mucho, reconocer que «siempre debe prevalecer la libertad de expresión» y que las competencias en esta materia deben ser judiciales.

Parece una victoria de la reacción ciudadana, pero se trata, simplemente, de un gol de ventaja. Hasta que la Disposición Final –al menos en su redacción actual– no desaparezca de la LES, el partido no habrá terminado.

[Imagen: En defensa de Internet, de Eneko/20minutos.es]