La imposible iniciativa legislativa popular de reforma constitucional

Hace unos días volví a recibir por enésima vez el siguiente correo –esta vez por Whatsapp– que nos invita a sumarnos a una pretendida iniciativa legislativa popular (ILP) para reformar la regulación que de las administraciones hace la Constitución española de 1978:

YA HEMOS IDO PASANDO ESTE CORREO, AHORA LA NOVEDAD ES QUE HAY UN EQUIPO DE ABOGADOS QUE SE VAN A IMPLICAR

Pido a cada destinatario que reenvíe este correo a un mínimo de veinte
o más de personas de su lista de contactos, y a la vez, pedir a cada uno de ellos que hagan lo mismo.

Se está preparando esto:

ESTUDIO JURIDICO ********* & **********, S.L
Ma. ****** ******** ********** (Abogada) C/ Alcalá, *********** (280**) Madrid
Tfno: 91.***.**.**
Fax: 91.***.**.**

Se va a proceder en los próximos meses a la recogida de firmas para presentar la siguiente Iniciativa Legislativa. Aunque el contenido ya es conocido por todos, es importante pasar el recordatorio y que todos estemos preparados y dispuestos para cuando se inicie.

Ley de Reforma del Congreso de 2012 (enmienda a la Constitución )
EL PODER DE LA CIUDADANÍA.
LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Para poder presentar en el parlamento una iniciativa legislativa es
necesario presentar 500.000 firmas ¡TODOS JUNTOS PODEMOS CAMBIARLO!

Vamos a preparar el terreno para la recogida de firmas, creemos CONCIENCIA CIUDADANA

En tres días, la mayoría de las personas de este país tendrán este mensaje.
Ley de Reforma del Congreso de 2012(enmienda de la Constitución de España)

1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato realizado.
2. El diputado contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto de ciudadanos. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El diputado participará de los beneficios del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad.
3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles.
4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.
5. El diputado dejará su seguro actual de salud y estará sujeto al mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles
6. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles
7. Servir en el Congreso es un trabajo, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas) y luego reincorporarse a la vida laboral previa a su etapa de Servicio Público, si la hubiere, si no, al paro.
8. Reducir al menos un 30% el número de componentes políticos de las instituciones.
(concejales de ayuntamiento, diputados nacionales, diputados regionales, etc).
9. Eliminar instituciones obsoletas o duplicadas: senado, diputaciones provinciales.
10. Reducir un 50% el número de asesores de cargos políticos, así como limitar racionalmente sus retribuciones.

* * * Si cada UNO DE VOSOTROS pasa este mensaje a un mínimo de veinte personas,
en tres días la mayoría de los españoles LO HABRÁN RECIBIDO.

El momento para la enmienda a la Constitución es AHORA.

ASÍ SE PUEDEN ENMENDAR LAS INJUSTICIAS, ABUSOS Y DESARREGLOS DE PARLAMENTARIOS Y SENADORES.
Si estás de acuerdo con lo expuesto, por favor reenvía este correo, mantén este mensaje CIRCULANDO

En esta ocasión traía como añadido el uso de los datos de un despacho de abogados real –que, por motivos evidentes, he borrado–, que presuntamente se encarga de coordinar la recogida de firmas de la que habla el texto. Y digo presuntamente porque, sencillamente, lo que se afirma es falso.

Sin entrar a valorar las propuestas que se hacen, algunas de las cuales parten de datos erróneos, cuando no falsos, y que parecen de total sentido común, este texto es un auténtico despropósito jurídico porque no solo es que proponga reformar la Constitución a través de una «enmienda», figura que no existe en el Ordenamiento Jurídico español, es que iniciar un proceso de reforma de la Carta Magna a través de una iniciativa legislativa popular es, tal y como establece la propia Constitución española de 1978, imposible.

El procedimiento de reforma constitucional se establece en el Título X de la propia Constitución, cuyo artículo 166 determina quien puede iniciar ese proceso en los siguientes términos:

Artículo 166. La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Es decir, remite directamente al Capítulo Segundo del Título III, referente a la elaboración de las leyes. En concreto, el artículo al que se refiere el precepto anterior establece:

Artículo 87.

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

Es decir, la conjunción de ambos artículos excluye taxativamente la posibilidad de que el procedimiento de reforma constitucional pueda ser iniciado a través de una hipotética iniciativa legislativa popular al otorgar esta facultad única y exclusivamente «al Gobierno, al Congreso y al Senado», así como «a las Asambleas de las Comunidades Autónomas», a través de un procedimiento específico. Pero, por si todavía queda alguna duda de que no es posible iniciar una reforma de la Constitución a través de este procedimiento, basta con señalar que el tercer y último apartado del citado artículo 87 –que determina la legitimación para presentar una iniciativa legislativa– regula:

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

En dicha Ley Orgánica, como es lógico, no existe referencia alguna a un hipotético procedimiento de reforma constitucional a través de ese mecanismo ya que, sencillamente, los ciudadanos carecen de legitimidad activa para iniciar ese proceso al quedar esta posibilidad expresamente excluida por la remisión que el artículo 166 de la Constitución hace, sólo y únicamente, a los apartados 1 y 2 del artículo 87, dejando fuera de ella el apartado número 3 que es el que permitiría iniciar la reforma mediante una iniciativa popular.

Que un despacho de abogados real presuntamente apoyara este disparate jurídico cuya solución, al menos en mis tiempos, se estudiaba entre Primero y Segundo de Derecho, debería ser la última señal de alarma para activar nuestro sentido crítico y entender que, por muchas propuestas que se hayan creado en Change.org, esto no es más que otro bulo de internet, lanzado por no se sabe quién con no se sabe qué intenciones y en el que, de paso, se ha metido en medio a unas personas que nada tienen que ver con ello con el consiguiente perjuicio que esta situación puede causar a su reputación profesional.

Cuando se apela a nuestro corazón –o a nuestras tripas–, el cerebro suele dejar de funcionar. Es algo con lo que cuentan quienes inician este tipo de cadenas. Así que, por mucha rabia que nos produzca la situación que se denuncia, antes de reenviar es mejor pararse a pensar tan solo un momento. Quizás así evitaremos seguir extendiendo este tipo de bulos que no contribuyen a nada que no sea aumentar el ruido y la desinformación que solo consiguen apagar el eco de los mensajes que sí es necesario escuchar.

[La imagen de la Constitución la encontré aquí]